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Reserva de dominio

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  1. 1 Aspectos fiscales
  2. 2 Compraventa con pago aplazado y pacto de reserva de dominioSTS-1ª-1 321/2007 de 16 mar (Rec. 1096/2000) ( ECLI:ES:TS:2007:1626) - "TERCERO.- Sin embargo, sí debe considerarse el segundo, que no sólo es admisible sino que debe ser estimado. Denuncia infracción de la jurisprudencia, que es muy abundante, sobre el pacto de reserva de dominio.La sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia mantiene que, según doctrina y jurisprudencia, el pacto de reserva de dominio tiene naturaleza jurídica de condición suspensiva, es decir, que cuando se pague el precio por entero se transmite automáticamente el derecho de propiedad al adquirente, no antes; antes no es propietario: así, sentencia de 10 de febrero de 1998 con cita de sentencias anteriores. Pero olvida que el matrimonio demandado en este proceso de menor cuantía había adquirido y tomado posesión de las tres plazas de garaje y tenía pagado parte del precio, sin que la cuantía la haya acreditado la demandada, CONSTRUCCIONES PEACHE, S.A., vendedora de las mismas. Y teniendo en cuenta que el artículo 1112 del Código civilpermite transmitir los derechos adquiridos en virtud de una obligación, sin prohibirlo en caso de que ésta sea condicional, yque el artículo 1121 le permite, conditio pendet, ejercitar acciones para la conservación de su derecho y que la sociedad demandante es causahabiente directo de los titulares del derecho de propiedad, aún bajo condición suspensiva, de las tres plazas de garaje, la jurisprudencia no puede aceptar el expolio que significaría el desposeerle -a él o a su causahabiente- del derecho adquirido en virtud de aquel contrato de compraventa con el pacto reserva de dominio. Así, la sentencia de 19 de mayo de 1989 estimó la tercería de dominio que habían interpuesto los compradores de pisos con reserva de dominio en favor del vendedor ante los embargos de los mismos, por acreedores de éste; las sentencias posteriores de 12 de marzo de 1993 y 16 de julio de 1993 reiteran esta doctrina: mientras el comprador cumpla en todo o en parte, el vendedor carece de poder de disposición sobre el objeto, que no puede ser embargado en procedimiento de apremio a no ser que éste se límite a los derechos que pudieran tener el sujeto sobre el mismo. Esta última es especialmente elocuente y aplicable al presente caso, al expresar: "La doctrina jurisprudencia decretó la plena validez de los pactos con reserva de dominio (sentencias de 11-7-1983 y 16-2-1984), no obstante la carencia de regulación legal, salvo las referencias que contiene la Ley de 17 de julio de 1965 (Venta a Plazos de Bienes Muebles, arts. 6-12º y 23), con lo que hay que entender que si bien el vendedor trasmite al comprador el dominio de la cosa vendida, esto no lo es de forma definitiva hasta que se pague por completo el precio pactado, actuando como garantía de cobro del mismo que se aplaza, lo que determina que verificado el completo pago se produce "ipso iure", sin necesidad de ulteriores consentimientos, la transferencia dominical, por lo que no resulta afectada la perfección del contrato, que tiene lugar plena y vinculante".Es el caso concreto que se puede aplicar al presente, el párrafo siguiente:"Estas situaciones producen, asimismo, para el vendedor, estando pendiente el pacto de reserva de dominio (sentencias de 19 de mayo de 1989 y 12 de marzo de 1993) y mientras el comprador cumpla normalmente su obligación de pago, conforme sucedió en la controversia, que carezca de poder de disposición respecto al bien que vendió, así como, y por ello, de facultades de transmisión del mismo a terceros, tanto en forma voluntaria como forzosa -y los embargos son un anticipo de esta última modalidad-; por lo que a la compradora le asiste, "pendente conditione", el indudable derecho del ejercicio de la tercería de dominio sobre la vivienda adquirida y trabada en embargo por deudas propias de quien se la vendió, a las que es totalmente ajena. Así lo exige la conservación necesaria de sus legítimos derechos, la equidad (artículo 3-2º del C.Civil), los principios generales de la contratación ("pacta sunt servanda"), la norma imperativa de que el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de los contratantes (artículo 1256 del Código Civil) y menos procede dejar sin defensa, como plenamente vencidas, en situaciones como la del pleito, a aquellas personas que no las provocaron y son totalmente extrañas a las deudas determinantes de los embargos practicados."CUARTO.- En consecuencia, estimando este motivo segundo del recurso de casación, asumiendo la instancia y reiterando la doctrina jurisprudencial plasmada en las mencionadas sentencias, se declara que el pacto de reserva de dominio no concede al vendedor el poder de disposición voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni impide al comprador transmitir voluntaria o forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un tercero, que es la sociedad demandante en el presente caso.Por tanto, el matrimonio mencionado, demandado y ejecutado en vía de apremio en otro proceso, transmitió forzosamente por el embargo y su ejecución sus derechos sobre las plazas de garaje y estos derechos eran los de propiedad sometidos a condición suspensiva y esta transmisión debe mantenerse, por ser válida y al ser la sociedad demandante causahabiente y subrogada en la posición de aquel matrimonio, tiene derecho de propiedad sobre las tres plazas de garaje siempre que pague el resto del precio que queda por pagar y tiene derecho asimismo a que el titular registral le otorgue escritura pública de transmisión de la propiedad de las tres plazas de garaje. Lo cual coincide exactamente con lo resuelto en primera instancia. Por ello, al estimar el segundo de los motivos del recurso de casación, fundado en el número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta Sala asume la instancia y resuelve lo que corresponde dentro de los términos en que aparece planteado el debate, como contempla el artículo 1715.1. 3º de la misma ley."STS-1ª-1 864/2007 de 17 jul (Rec. 2770/200) (ECLI:ES:TS:2007:5032)El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda al considerar que la conducta de la demandada es claramente incumplidora del deber de pago, persistente y prolongada, no obstante las oportunidades que "Banco Santander Central Hispano, S.A." le concedió, lo que configura una situación frustrante de las relaciones contractuales, que justifica sobradamente la resolución contractual, sin que pueda quedar desvirtuada por simples manifestaciones acerca de la existencia de contratos de novación verbal, no probados. En cuanto a la pérdida, por parte de la compradora, en concepto de indemnización y cláusula penal, y como resarcimiento de los daños y perjuicios causados, de la totalidad de las cantidades pagadas, la sentencia consideró que las partes en uso de su libertad contractual estipularon que, en caso de resolución, la vendedora haría suya las cantidades percibidas a cuenta del precio hasta un importe del 50% del precio total de la compraventa, límite no alcanzado por la parte del precio pagado. Por último, la sentencia declaró expresamente que no puede prosperar la pretensión de que, dada la condición de arrendataria que ostentaba la demandada en la fecha de celebración del contrato de compraventa, renazca, ante la resolución de ese contrato, tal condición, es decir que se deje subsistente el contrato de arrendamiento preexistente. El contrato de compraventa, definido en el artículo 1.445 del Código Civil, se perfeccionó en el mismo instante que las partes suscribieron el documento privado de 1.993, de acuerdo con el artículo 1.450 de dicho texto legal, y habida cuenta de la naturaleza consensual de dicho contrato, adquiriendo así fuerza obligatoria para ambos contratantes; y es que además de quedar perfeccionado ese contrato de compraventa por ese acuerdo sobre la cosa objeto del mismo y sobre el precio, las partes empezaron a ejecutar las obligaciones asumidas en sus respectivas posiciones jurídicas de vendedor y comprador; así la ahora demandada adquirió por virtud del contrato la propiedad de las fincas litigiosas, al haberse producido la "traditio brevi manu" con la consiguiente extinción de la posesión arrendaticia que hasta entonces correspondía a la compradora, quien asimismo dio cumplimiento a parte de su esencial obligación de pago del precio, haciendo entrega de 6.000.000 ptas. a cuenta del fijado, con la firma del contrato. Al celebrar el contrato de compraventa quedó extinguido el arrendamiento, dada la esencial incompatibilidad entre ambos. A mayor abundamiento, el contrato de compraventa se resuelve por incumplimiento sobrevenido, imputable exclusivamente a la parte demandada, "Agricultura Ornamental, S.L.", distinto sería si el contrato se anulase o rescindiese pudiendo equipararse sus efectos, retrotrayendo estos al momento de la celebración a la hora de proteger los derechos preexistentes. Sin embargo los efectos de la resolución contractual únicamente pueden ser retrotraídos al momento en que se ha producido el hecho determinante de la resolución. Por otro lado, en el contrato de compraventa de 13 de septiembre de 1.993, tantas veces referido, se hace constar en cuanto al estado de ocupación "que las fincas objeto de la presente compraventa se encuentran ocupadas por la compradora en virtud de arrendamiento, cuya validez no reconoce el Banco Central Hispanoamericano".La Audiencia Provincial, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que concurren los requisitos que para la resolución se vienen exigiendo ya que dejó de pagar la totalidad del precio aplazado aún después de dos requerimientos resolutorios, no pudiendo alcanzarse el fin del negocio, pues no puede hablarse de un mero retraso sino de un incumplimiento definitivo, sin que se haya probado la modificación del precio del contrato alegada. En cuanto a la pretensión del comprador de mantenerse en la finca, considera que la pretensión del comprador de retener la posesión de la finca alegando que la resolución del contrato suponía el "renacimiento" de los derechos posesorios anteriores a la celebración de aquel, no puede ser estimada. Antes de la celebración del contrato de compraventa ya existía una relación jurídica entre las partes pues quien compraba las fincas ya las ocupaba, si bien en virtud de un título (un contrato de arrendamiento) cuya validez no era reconocida por el propietario y vendedor. Tal relación jurídica (que no había nacido de negocio jurídico alguno entre las partes) se extinguió de manera voluntaria por ambas siendo sustituida por otra que satisfacía de manera más adecuada sus intereses jurídicos, el contrato de compraventa. Aún cuando las partes no hubieran redactado un documento en que de forma explícita hubieran consignado su voluntad de extinguir su relación jurídica anterior la existencia de la común voluntad extintiva se desprende de manera implícita del propio contenido del contrato de compraventa, por cuanto después de hacerse constar la ocupación previa al contrato de las fincas por título no reconocido por el vendedor se pacta "la toma de posesión de las fincas por el comprador en el estado de uso y de conservación actual"(cláusula octava) y "la renuncia a cuantas acciones pudieran corresponderle por razón de la posesión de la finca objeto de la finca objeto (sic) del presente contrato" (cláusula décima); no existió, en contra de lo alegado por el recurrente, una novación de una relación obligatoria, sino una extinción de una relación jurídica (que se perfeccionó por el simple acuerdo de voluntades) y la creación de una relación jurídica distinta, la derivada del contrato de compraventa. Extinguida la relación jurídica previa a la compraventa (y, por tanto los derechos que las partes pudieran tener en virtud de aquella) la resolución de tal contrato no supone lo que el recurrente llama "renacimiento" (término que no tiene un significado jurídico en nuestro derecho) de la primera, pues los efectos de la resolución no se extienden más allá del contrato ineficaz. La ineficacia que deriva de la resolución afecta solo a las prestaciones que las partes hubieran realizado en virtud del contrato resuelto, que en éste caso se contraían a la entrega de la posesión del bien y al pago de parte del precio, por lo que la única consecuencia es que una y otra deberán devolverse lo que hubieran respectivamente recibido. Distinta sería la solución si al contrato de compraventa, y por tanto al negocio extintivo de la relación jurídica anterior, hubiera de aplicársele el régimen de la nulidad (que es el supuesto contemplado por la s. T.S. de 26 de febrero de 1.990 citada por el recurrente). Pero, en el presente caso, la ineficacia deriva de la resolución por incumplimiento contractual. La sentencia terminó por no estimar excesiva la cuantía de la pena pactada, equivalente a las cantidades pagadas, pues si, por una parte, el comprador cumplió parcialmente con su obligación, por otro, habría que considerar que el comprador ha venido poseyendo y disfrutando de los bienes desde el 13 de septiembre de 1.993. Contra la anterior Sentencia, la parte demandada plantea, ante esta Sala, Recurso de casación, el que funda en tres motivos, de los que se trata a continuación con la debida separación.SEGUNDO.- Un tratamiento lógico de las cuestiones planteadas exige el estudio, en primer lugar, del segundo motivo de los argumentados por el recurrente en el que al amparo del nº 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunció la violación por inaplicación de los arts. 1156 y 1192 del C. Civil, en cuanto establecen los modos de extinción de las obligaciones y entre ellos el de la confusión de derechos; el art. 1.281 del C.Civil sobre la interpretación de los contratos; y los arts. 1258, 1462, 1464 y 609 sobre el perfeccionamiento y consumación de los contratos a través de la tradición.En coherencia con el rigor formal de la casación, procede el rechazo del motivo por la acumulación de preceptos heterogéneos que no pueden ser objeto de infracción conjunta, lo que genera confusión en la fundamentación del motivo, y una clara infracción del artículo 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.En cuanto al alegato impugnatorio que se contiene en el presente motivo, puede sintetizarse en que la perfección del contrato de compraventa, con un pacto de reserva de dominio, al no producir transmisión. de la propiedad al comprador, no produjo la extinción del derecho arrendaticio de la recurrente, "Agricultura Ornamental, S.L.", pues no se hizo en el contrato de compraventa mención expresa a la extinción del contrato de arrendamiento, pudiendo el "Banco Santander Central Hispano, S.A.", haber reclamado las rentas, al ser jurídicamente posible, siendo claros los términos del contrato, en que no hay duda que los contratantes pactaron la reserva de dominio hasta el completo pago del precio, no pudiendo haber confusión de derechos, pues no se adquirió la condición de propietario, como consecuencia de la falta de pago del precio, por lo que se mantuvo la posición de la recurrente como arrendataria.En el contrato de compraventa concertado entre las entidades litigantes, y ahora resuelto, ambas partes pactaron (cláusula sexta), que el dominio no sería transmitido sino hasta quedar en su totalidad satisfecho el precio, sin embargo tal acuerdo en modo alguno determina que sean equivocadas las conclusiones que, en relación con la interpretación del contrato celebrado, extrae la sentencia recurrida. En efecto, la Audiencia no consideró que la extinción del contrato de arrendamiento, anterior a la compraventa, se produjera por una confusión de la posición jurídica de "arrendatario" y "propietario" en una misma persona, sino por la implícita voluntad de ambas partes de poner fin a la relación jurídica arrendaticia, aquiescencia que la Audiencia Provincial dedujo de los pactos del contrato y, en concreto, de la cláusula octava, por la que se conviene que "el comprador toma posesión de las fincas objeto de este contrato, en el estado de uso y conservación actual que declara conocer y acepta, relevando al Banco de cualquier responsabilidad por vicios o defectos ocultos...", así como de la cláusula décima, por la que " 'Agricultura Ornamental, S.L.' renuncia a cuantas acciones pudieran corresponderle por razón de la posesión de la finca objeto del presente procedimiento...", a lo que cabe añadir, la segunda parte de la cláusula octava, por la que resultan ser "de su cuenta desde hoy los gastos, impuestos y contribuciones que se devenguen inherentes a la propiedad de la misma". (...) junto a los argumentos de la Audiencia Provincial cabe añadir, que la patente voluntad de extinguir el contrato de arrendamiento se deduce de la inexistencia de pago alguno, en concepto de renta, tras la celebración de la compraventa, sin que sea justificación para ese impago el argumento relativo a que el "Banco Santander Central Hispano, S.A.", pudiera haber reclamado las rentas, al ser jurídicamente posible, siendo precisamente esa carencia de pago de renta, lo que coadyuva a los argumentos anteriores, para concluir que las partes pactaron la extinción del arrendamiento; supuesto contrario al contemplado en la reciente Sentencia de esta Sala de 8 de marzo de 2.007 (Rec. 2013/2000), en el que quedó demostrado cómo la compradora continuó con el pago de la renta todos los meses, incluso tras el contrato de compraventa, de donde resultó que nunca dejó de poseer en concepto de arrendataria; a diferencia, de lo en élla decidido, por tanto, lo sucedido en el presente caso, en que a partir del contrato privado de compraventa, el título que ampara la posesión de la recurrente "Agricultura Ornamental, S.L.", no es el contrato de arrendamiento, extinguido por la libre voluntad de los contratantes, sino el propio contrato de compraventa concertado, como resulta patentemente de la cláusula octava transcrita, siendo a tal efecto intranscendente el que se acordase la posposición de la adquisición del dominio hasta el íntegro pago del precio.En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.TERCERO.- El primer motivo del recurso, a través del cauce del nº 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunció la violación por indebida aplicación de los artículos 1124, 1504, 1123 y 1114 del C.Civil así como la pacífica doctrina de esta Sala recogida entre otras en Ss. de 17-06-86, 10-03-50, 16-10-57, 16-10-67, 31-05-85 ó 28-11-85, en cuanto ha venido declarándose que la resolución contractual produce su efecto, no desde el momento de la extinción de la relación obligatoria, sino retroactivamente desde su celebración.La recurrente plantea que, dado que en el momento de la celebración del contrato de compraventa que se resuelve, la recurrente ocupaba las fincas en virtud de un contrato de arrendamiento, la citada resolución del contrato de compraventa debe volver las cosas al estado jurídico preexistente, como si el negocio resuelto no se hubiera concluido, pues la resolución produjo la extinción retroactiva de las obligaciones recíprocas con desaparición de la eficacia del contrato y retorno a la situación existente en el momento de su celebración, y por tanto, la demanda no puede ser íntegramente estimada ya que la condición de arrendataria de la recurrente imposibilita que pueda ser condenada, en el presente procedimiento, a dejar libre y a disposición de la demandante los inmuebles litigiosos.En definitiva, lo planteado por la recurrente es el alcance de los efectos de la resolución contemplada en el artículo 1.504 del Código Civil, cuestión íntimamente vinculada con el anterior motivo, por lo que se debe partir de lo que en él ya se ha considerado, y añadir que la resolución del contrato se agota en la restitución de las prestaciones, pero sin que proceda rehabilitar situaciones jurídicas convencionalmente extinguidas, a consecuencia del contrato de compraventa (perfeccionado), puesto que en un mismo contrato pueden contenerse distintas cláusulas y pactos, fruto del libre acuerdo de los intervinientes, a los que no se extienden los efectos de la resolución, como sucede en este caso, en que junto a la compraventa, declarada resuelta, concurrió la voluntad de extinguir el arrendamiento, que no puede "renacer" como literalmente pide la sociedad demandada, aquí recurrente.El motivo, por ello, también debe rechazarse.CUARTO.- El tercer, y último motivo, también a través del cauce del ordinal número 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunció la infracción por indebida aplicación de los arts. 1152, 1154 y 1103 del C.Civil.Entiende la recurrente que, dado que la Sala de Apelación parte, en su juicio valorativo de la cláusula penal, de la inexistencia de contrato de arrendamiento, se abre la posibilidad de que esta Sala pueda moderar y revisar dicha cláusula, entendiendo que la cantidad correcta, por el tiempo transcurrido entre el contrato de compraventa y el requerimiento resolutorio, ascendería a 3.100.000 Ptas., cantidad resultante de multiplicar la renta mensual -50.000 Ptas.-, por el citado periodo temporal, criterio que perfectamente pudo ser seguido por la Audiencia Provincial, aún en el caso de entender que no existe arrendamiento vigente.El motivo debe ser, del mismo modo que los anteriores, desestimado, en primer lugar, porque habiéndose declarado extinguido el contrato de arrendamiento, parte de sus argumentos carecen de fundamento; y en segundo lugar, porque, no cabe moderación cuando el incumplimiento parcial era el previsto expresamente en la cláusula penal, como sucede en el presente caso en que libremente se pactó por los contratantes, en su cláusula cuarta, la pérdida, en concepto de indemnización y cláusula penal y como resarcimiento de los daños y perjuicios producidos, de la totalidad de las cantidades entregadas a cuenta del precio, hasta un importe máximo del cincuenta por ciento del precio total de la compraventa, importe, que como razona la Audiencia Provincial, no se cubrió con los seis millones pagados; siendo, por otro lado, la moderación, una facultad de los juzgados de instancia (la Sentencia de 5 de diciembre de 2.003, con cita de las sentencias de 14 de diciembre de 1998 y 9 de octubre de 2000)."STS-1ª-1 1175/2007 de 8 nov (Rec. 4505/2000) (ECLI:ES:TS:2007:7235) - Reserva de dominio sin traditio y tercería de dominio  "Se sostiene por la parte recurrente, con cita de la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre interpretación de los contratos, que la Audiencia ha infringido dichas normas puesto que si bien entiende que existió una reserva de dominio a favor de la entidad vendedora según la estipulación quinta del contrato celebrado en fecha 17 de enero de 1995 («la propiedad del inmueble objeto de este contrato no se entenderá transmitida hasta tanto no esté ultimado el pago del precio»), no ha tenido en cuenta que en el documento posterior de fecha 20 de septiembre de 1995 las mismas partes acordaron sustituir la forma de pago mediante la entrega de cuatro efectos otorgando Gescoce XXI S.L. "la más eficaz carta de pago". Pero al razonar así se ignora, en primer lugar, que el artículo 1.170 CC establece que la entrega de tales efectos -en este caso, letras de cambio- sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubieren perjudicado, lo que lleva a considerar que la "carta de pago" otorgada por la parte vendedora equivalía en realidad a un recibo por la entrega de los efectos, lo que queda corroborado por el hecho posterior de que los propios contratantes en fecha 15 de diciembre siguiente suscriben un nuevo documento por el que acuerdan la mera entrega provisional de las naves por parte de la vendedora a la compradora para que pudiera proceder a su acondicionamiento cuidándose de precisar que «esta transmisión se entenderá como definitiva a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de los mencionados inmuebles», a lo que incluso cabe añadir, como nuevo dato expresivo de que la totalidad del precio no había sido satisfecha, que al procederse al otorgamiento de la escritura pública de compraventa en fecha 25 de septiembre de 1996 se hizo constar en la misma que el comprador había pagado previamente la cantidad de dieciséis millones de pesetas y que el pago de los restantes catorce millones de pesetas quedaba aplazado «hasta la cancelación del embargo que grava las fincas descritas por la entidad vendedora y que está reseñado en el apartado cargas de esta escritura». De lo anterior se desprende que ninguna infracción de los artículos que se citan ni de la jurisprudencia referida a ellos se ha producido en el presente caso.CUARTO.- El segundo motivo, con igual amparo procesal que el anterior, invoca la infracción del artículo 1.113, párrafos primero y segundo, del Código Civil , en relación con el artículo 1.176 del mismo Código, el primero por inaplicación y el segundo por aplicación errónea.El motivo no puede prosperar por varias razones. En primer lugar, no pueden confundirse los avatares sucedidos en el cumplimiento del contrato de compraventa de fecha 17 de enero de 1995, que afectan a las relaciones puramente obligacionales entre los contratantes Gescoce XXI S.L. y la tercerista H. Taboada S.A., sin afectar al demandado ejecutante don Jose Carlos, con lo que constituye propiamente el núcleo de la acción de tercería que se refiere al hecho de si en la fecha del embargo el dominio sobre la cosa había sido transmitido ya al comprador. Y en segundo lugar, no puede sostenerse que ha existido infracción alguna del artículo 1.113 CC, referido a las obligaciones puras y condicionales, porque la Audiencia acertadamente no considera que el contrato estuviera sujeto a condición alguna suspensiva o resolutoria, sino que simplemente afirma que existió una reserva de dominio a favor de la vendedora hasta el total pago del precio que, incluso, resultaba innecesaria en tanto que la entrega del objeto del contrato al comprador no se había producido y en consecuencia el dominio seguía perteneciendo al vendedor por razón de lo dispuesto en el artículo 1.095 CC, sin que pueda estimarse igualmente infringido el artículo 1.176 del mismo código por una simple referencia que hace la sentencia a dicha norma, relativa al pago por consignación, para reforzar su argumento de que el pago del precio no se había producido por parte del comprador, pues como esta Sala tiene declarado con reiteración y más recientemente en sentencia de 23 de marzo de 2006 «el recurso de casación sólo se da contra el fallo, y los argumentos de la resolución recurrida que constituyan "ratio decidendi", no pudiendo fundarse en la impugnación de argumentos "dialécticos", "obiter", "de refuerzo", o "a mayor abundamiento".Igual suerte desestimatoria ha de merecer el motivo tercero que, amparado también en el nº 4º del artículo 1.692 de la anterior LEC, aparece defectuosamente formulado ya que cita como infringidos un amplio número de artículos del Código Civil, como son los 1.254, 1.258, 1.261, 1.262, 1.271, 1,274, 1.278, 1.445 y 1.450, para posteriormente referirse en su escueto desarrollo sólo al artículo 1.450 a efectos de sostener que la compraventa se había perfeccionado entre las partes desde el momento de su celebración y que, desde entonces, había de desplegar todos sus efectos obligacionales, lo cual es tan cierto como que en nuestro sistema de transmisión del dominio no basta la perfección del contrato que haya de derivar hacia dicha transmisión para que se produzca la adquisición del derecho real, pues para ello es necesario, además del título, el "modo" que en este caso se concreta en la "traditio" o entrega de la cosa vendida de modo que, hasta que ésta no se produce, el comprador no adquiere derecho real sobre la cosa."

Aspectos fiscales

La reserva de dominio y el fisco (J.Zejalbo)

Compraventa con pago aplazado y pacto de reserva de dominioSTS-1ª-1 321/2007 de 16 mar (Rec. 1096/2000) ( ECLI:ES:TS:2007:1626) - 

"TERCERO.- Sin embargo, sí debe considerarse el segundo, que no sólo es admisible sino que debe ser estimado. Denuncia infracción de la jurisprudencia, que es muy abundante, sobre el pacto de reserva de dominio.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia mantiene que, según doctrina y jurisprudencia, el pacto de reserva de dominio tiene naturaleza jurídica de condición suspensiva, es decir, que cuando se pague el precio por entero se transmite automáticamente el derecho de propiedad al adquirente, no antes; antes no es propietario: así, sentencia de 10 de febrero de 1998 con cita de sentencias anteriores. Pero olvida que el matrimonio demandado en este proceso de menor cuantía había adquirido y tomado posesión de las tres plazas de garaje y tenía pagado parte del precio, sin que la cuantía la haya acreditado la demandada, CONSTRUCCIONES PEACHE, S.A., vendedora de las mismas. Y teniendo en cuenta que el artículo 1112 del Código civilpermite transmitir los derechos adquiridos en virtud de una obligaciónsin prohibirlo en caso de que ésta sea condicional, yque el artículo 1121 le permiteconditio pendetejercitar acciones para la conservación de su derecho y que la sociedad demandante es causahabiente directo de los titulares del derecho de propiedad, aún bajo condición suspensiva, de las tres plazas de garaje, la jurisprudencia no puede aceptar el expolio que significaría el desposeerle -a él o a su causahabiente- del derecho adquirido en virtud de aquel contrato de compraventa con el pacto reserva de dominio. Así, la sentencia de 19 de mayo de 1989 estimó la tercería de dominio que habían interpuesto los compradores de pisos con reserva de dominio en favor del vendedor ante los embargos de los mismos, por acreedores de éste; las sentencias posteriores de 12 de marzo de 1993 y 16 de julio de 1993 reiteran esta doctrina: mientras el comprador cumpla en todo o en parte, el vendedor carece de poder de disposición sobre el objeto, que no puede ser embargado en procedimiento de apremio a no ser que éste se límite a los derechos que pudieran tener el sujeto sobre el mismo. Esta última es especialmente elocuente y aplicable al presente caso, al expresar: 

"La doctrina jurisprudencia decretó la plena validez de los pactos con reserva de dominio (sentencias de 11-7-1983 y 16-2-1984), no obstante la carencia de regulación legal, salvo las referencias que contiene la Ley de 17 de julio de 1965 (Venta a Plazos de Bienes Muebles, arts. 6-12º y 23), con lo que hay que entender que si bien el vendedor trasmite al comprador el dominio de la cosa vendida, esto no lo es de forma definitiva hasta que se pague por completo el precio pactado, actuando como garantía de cobro del mismo que se aplaza, lo que determina que verificado el completo pago se produce "ipso iure", sin necesidad de ulteriores consentimientos, la transferencia dominical, por lo que no resulta afectada la perfección del contrato, que tiene lugar plena y vinculante".

Es el caso concreto que se puede aplicar al presente, el párrafo siguiente:

"Estas situaciones producen, asimismo, para el vendedor, estando pendiente el pacto de reserva de dominio (sentencias de 19 de mayo de 1989 y 12 de marzo de 1993) y mientras el comprador cumpla normalmente su obligación de pago, conforme sucedió en la controversia, que carezca de poder de disposición respecto al bien que vendió, así como, y por ello, de facultades de transmisión del mismo a terceros, tanto en forma voluntaria como forzosa -y los embargos son un anticipo de esta última modalidad-; por lo que a la compradora le asiste, "pendente conditione", el indudable derecho del ejercicio de la tercería de dominio sobre la vivienda adquirida y trabada en embargo por deudas propias de quien se la vendió, a las que es totalmente ajena. Así lo exige la conservación necesaria de sus legítimos derechos, la equidad (artículo 3-2º del C.Civil), los principios generales de la contratación ("pacta sunt servanda"), la norma imperativa de que el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de los contratantes (artículo 1256 del Código Civil) y menos procede dejar sin defensa, como plenamente vencidas, en situaciones como la del pleito, a aquellas personas que no las provocaron y son totalmente extrañas a las deudas determinantes de los embargos practicados."

CUARTO.- En consecuencia, estimando este motivo segundo del recurso de casación, asumiendo la instancia y reiterando la doctrina jurisprudencial plasmada en las mencionadas sentencias, se declara que el pacto de reserva de dominio no concede al vendedor el poder de disposición voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni impide al comprador transmitir voluntaria o forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un tercero, que es la sociedad demandante en el presente caso.

Por tanto, el matrimonio mencionado, demandado y ejecutado en vía de apremio en otro proceso, transmitió forzosamente por el embargo y su ejecución sus derechos sobre las plazas de garaje y estos derechos eran los de propiedad sometidos a condición suspensiva y esta transmisión debe mantenerse, por ser válida y al ser la sociedad demandante causahabiente y subrogada en la posición de aquel matrimonio, tiene derecho de propiedad sobre las tres plazas de garaje siempre que pague el resto del precio que queda por pagar y tiene derecho asimismo a que el titular registral le otorgue escritura pública de transmisión de la propiedad de las tres plazas de garaje. Lo cual coincide exactamente con lo resuelto en primera instancia. Por ello, al estimar el segundo de los motivos del recurso de casación, fundado en el número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta Sala asume la instancia y resuelve lo que corresponde dentro de los términos en que aparece planteado el debate, como contempla el artículo 1715.1. 3º de la misma ley."

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda al considerar que la conducta de la demandada es claramente incumplidora del deber de pago, persistente y prolongada, no obstante las oportunidades que "Banco Santander Central Hispano, S.A." le concedió, lo que configura una situación frustrante de las relaciones contractuales, que justifica sobradamente la resolución contractual, sin que pueda quedar desvirtuada por simples manifestaciones acerca de la existencia de contratos de novación verbal, no probados. En cuanto a la pérdida, por parte de la compradora, en concepto de indemnización y cláusula penal, y como resarcimiento de los daños y perjuicios causados, de la totalidad de las cantidades pagadas, la sentencia consideró que las partes en uso de su libertad contractual estipularon que, en caso de resolución, la vendedora haría suya las cantidades percibidas a cuenta del precio hasta un importe del 50% del precio total de la compraventa, límite no alcanzado por la parte del precio pagado. Por último, la sentencia declaró expresamente que no puede prosperar la pretensión de que, dada la condición de arrendataria que ostentaba la demandada en la fecha de celebración del contrato de compraventa, renazca, ante la resolución de ese contrato, tal condición, es decir que se deje subsistente el contrato de arrendamiento preexistente. El contrato de compraventa, definido en el artículo 1.445 del Código Civil, se perfeccionó en el mismo instante que las partes suscribieron el documento privado de 1.993, de acuerdo con el artículo 1.450 de dicho texto legal, y habida cuenta de la naturaleza consensual de dicho contrato, adquiriendo así fuerza obligatoria para ambos contratantes; y es que además de quedar perfeccionado ese contrato de compraventa por ese acuerdo sobre la cosa objeto del mismo y sobre el precio, las partes empezaron a ejecutar las obligaciones asumidas en sus respectivas posiciones jurídicas de vendedor y comprador; así la ahora demandada adquirió por virtud del contrato la propiedad de las fincas litigiosas, al haberse producido la "traditio brevi manu" con la consiguiente extinción de la posesión arrendaticia que hasta entonces correspondía a la compradora, quien asimismo dio cumplimiento a parte de su esencial obligación de pago del precio, haciendo entrega de 6.000.000 ptas. a cuenta del fijado, con la firma del contrato. Al celebrar el contrato de compraventa quedó extinguido el arrendamiento, dada la esencial incompatibilidad entre ambos. A mayor abundamiento, el contrato de compraventa se resuelve por incumplimiento sobrevenido, imputable exclusivamente a la parte demandada, "Agricultura Ornamental, S.L.", distinto sería si el contrato se anulase o rescindiese pudiendo equipararse sus efectos, retrotrayendo estos al momento de la celebración a la hora de proteger los derechos preexistentes. Sin embargo los efectos de la resolución contractual únicamente pueden ser retrotraídos al momento en que se ha producido el hecho determinante de la resolución. Por otro lado, en el contrato de compraventa de 13 de septiembre de 1.993, tantas veces referido, se hace constar en cuanto al estado de ocupación "que las fincas objeto de la presente compraventa se encuentran ocupadas por la compradora en virtud de arrendamiento, cuya validez no reconoce el Banco Central Hispanoamericano".

La Audiencia Provincial, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que concurren los requisitos que para la resolución se vienen exigiendo ya que dejó de pagar la totalidad del precio aplazado aún después de dos requerimientos resolutorios, no pudiendo alcanzarse el fin del negocio, pues no puede hablarse de un mero retraso sino de un incumplimiento definitivo, sin que se haya probado la modificación del precio del contrato alegada. En cuanto a la pretensión del comprador de mantenerse en la finca, considera que la pretensión del comprador de retener la posesión de la finca alegando que la resolución del contrato suponía el "renacimiento" de los derechos posesorios anteriores a la celebración de aquel, no puede ser estimada. Antes de la celebración del contrato de compraventa ya existía una relación jurídica entre las partes pues quien compraba las fincas ya las ocupaba, si bien en virtud de un título (un contrato de arrendamiento) cuya validez no era reconocida por el propietario y vendedor. Tal relación jurídica (que no había nacido de negocio jurídico alguno entre las partes) se extinguió de manera voluntaria por ambas siendo sustituida por otra que satisfacía de manera más adecuada sus intereses jurídicos, el contrato de compraventaAún cuando las partes no hubieran redactado un documento en que de forma explícita hubieran consignado su voluntad de extinguir su relación jurídica anterior la existencia de la común voluntad extintiva se desprende de manera implícita del propio contenido del contrato de compraventa, por cuanto después de hacerse constar la ocupación previa al contrato de las fincas por título no reconocido por el vendedor se pacta "la toma de posesión de las fincas por el comprador en el estado de uso y de conservación actual"(cláusula octava) y "la renuncia a cuantas acciones pudieran corresponderle por razón de la posesión de la finca objeto de la finca objeto (sic) del presente contrato" (cláusula décima); no existió, en contra de lo alegado por el recurrente, una novación de una relación obligatoria, sino una extinción de una relación jurídica (que se perfeccionó por el simple acuerdo de voluntades) y la creación de una relación jurídica distinta, la derivada del contrato de compraventaExtinguida la relación jurídica previa a la compraventa (y, por tanto los derechos que las partes pudieran tener en virtud de aquella) la resolución de tal contrato no supone lo que el recurrente llama "renacimiento" (término que no tiene un significado jurídico en nuestro derecho) de la primera, pues los efectos de la resolución no se extienden más allá del contrato ineficazLa ineficacia que deriva de la resolución afecta solo a las prestaciones que las partes hubieran realizado en virtud del contrato resuelto, que en éste caso se contraían a la entrega de la posesión del bien y al pago de parte del precio, por lo que la única consecuencia es que una y otra deberán devolverse lo que hubieran respectivamente recibido. Distinta sería la solución si al contrato de compraventa, y por tanto al negocio extintivo de la relación jurídica anterior, hubiera de aplicársele el régimen de la nulidad (que es el supuesto contemplado por la s. T.S. de 26 de febrero de 1.990 citada por el recurrente). Pero, en el presente caso, la ineficacia deriva de la resolución por incumplimiento contractual. La sentencia terminó por no estimar excesiva la cuantía de la pena pactada, equivalente a las cantidades pagadas, pues si, por una parte, el comprador cumplió parcialmente con su obligación, por otro, habría que considerar que el comprador ha venido poseyendo y disfrutando de los bienes desde el 13 de septiembre de 1.993. 

Contra la anterior Sentencia, la parte demandada plantea, ante esta Sala, Recurso de casación, el que funda en tres motivos, de los que se trata a continuación con la debida separación.

SEGUNDO.- Un tratamiento lógico de las cuestiones planteadas exige el estudio, en primer lugar, del segundo motivo de los argumentados por el recurrente en el que al amparo del nº 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunció la violación por inaplicación de los arts. 1156 y 1192 del C. Civil, en cuanto establecen los modos de extinción de las obligaciones y entre ellos el de la confusión de derechos; el art. 1.281 del C.Civil sobre la interpretación de los contratos; y los arts. 1258, 1462, 1464 y 609 sobre el perfeccionamiento y consumación de los contratos a través de la tradición.

En coherencia con el rigor formal de la casación, procede el rechazo del motivo por la acumulación de preceptos heterogéneos que no pueden ser objeto de infracción conjunta, lo que genera confusión en la fundamentación del motivo, y una clara infracción del artículo 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto al alegato impugnatorio que se contiene en el presente motivo, puede sintetizarse en que la perfección del contrato de compraventa, con un pacto de reserva de dominio, al no producir transmisión. de la propiedad al comprador, no produjo la extinción del derecho arrendaticio de la recurrente, "Agricultura Ornamental, S.L.", pues no se hizo en el contrato de compraventa mención expresa a la extinción del contrato de arrendamiento, pudiendo el "Banco Santander Central Hispano, S.A.", haber reclamado las rentas, al ser jurídicamente posible, siendo claros los términos del contrato, en que no hay duda que los contratantes pactaron la reserva de dominio hasta el completo pago del precio, no pudiendo haber confusión de derechos, pues no se adquirió la condición de propietario, como consecuencia de la falta de pago del precio, por lo que se mantuvo la posición de la recurrente como arrendataria.

En el contrato de compraventa concertado entre las entidades litigantes, y ahora resuelto, ambas partes pactaron (cláusula sexta), que el dominio no sería transmitido sino hasta quedar en su totalidad satisfecho el precio, sin embargo tal acuerdo en modo alguno determina que sean equivocadas las conclusiones que, en relación con la interpretación del contrato celebrado, extrae la sentencia recurrida. En efecto, la Audiencia no consideró que la extinción del contrato de arrendamiento, anterior a la compraventa, se produjera por una confusión de la posición jurídica de "arrendatario" y "propietario" en una misma persona, sino por la implícita voluntad de ambas partes de poner fin a la relación jurídica arrendaticia, aquiescencia que la Audiencia Provincial dedujo de los pactos del contrato y, en concreto, de la cláusula octava, por la que se conviene que "el comprador toma posesión de las fincas objeto de este contrato, en el estado de uso y conservación actual que declara conocer y acepta, relevando al Banco de cualquier responsabilidad por vicios o defectos ocultos...", así como de la cláusula décima, por la que " 'Agricultura Ornamental, S.L.' renuncia a cuantas acciones pudieran corresponderle por razón de la posesión de la finca objeto del presente procedimiento...", a lo que cabe añadir, la segunda parte de la cláusula octava, por la que resultan ser "de su cuenta desde hoy los gastos, impuestos y contribuciones que se devenguen inherentes a la propiedad de la misma". (...) junto a los argumentos de la Audiencia Provincial cabe añadir, que la patente voluntad de extinguir el contrato de arrendamiento se deduce de la inexistencia de pago alguno, en concepto de renta, tras la celebración de la compraventa, sin que sea justificación para ese impago el argumento relativo a que el "Banco Santander Central Hispano, S.A.", pudiera haber reclamado las rentas, al ser jurídicamente posible, siendo precisamente esa carencia de pago de renta, lo que coadyuva a los argumentos anteriores, para concluir que las partes pactaron la extinción del arrendamiento; supuesto contrario al contemplado en la reciente Sentencia de esta Sala de 8 de marzo de 2.007 (Rec. 2013/2000), en el que quedó demostrado cómo la compradora continuó con el pago de la renta todos los meses, incluso tras el contrato de compraventa, de donde resultó que nunca dejó de poseer en concepto de arrendataria; a diferencia, de lo en élla decidido, por tanto, lo sucedido en el presente caso, en que a partir del contrato privado de compraventa, el título que ampara la posesión de la recurrente "Agricultura Ornamental, S.L.", no es el contrato de arrendamiento, extinguido por la libre voluntad de los contratantes, sino el propio contrato de compraventa concertado, como resulta patentemente de la cláusula octava transcrita, siendo a tal efecto intranscendente el que se acordase la posposición de la adquisición del dominio hasta el íntegro pago del precio.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, a través del cauce del nº 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunció la violación por indebida aplicación de los artículos 1124, 1504, 1123 y 1114 del C.Civil así como la pacífica doctrina de esta Sala recogida entre otras en Ss. de 17-06-86, 10-03-50, 16-10-57, 16-10-67, 31-05-85 ó 28-11-85, en cuanto ha venido declarándose que la resolución contractual produce su efecto, no desde el momento de la extinción de la relación obligatoria, sino retroactivamente desde su celebración.

La recurrente plantea que, dado que en el momento de la celebración del contrato de compraventa que se resuelve, la recurrente ocupaba las fincas en virtud de un contrato de arrendamiento, la citada resolución del contrato de compraventa debe volver las cosas al estado jurídico preexistente, como si el negocio resuelto no se hubiera concluido, pues la resolución produjo la extinción retroactiva de las obligaciones recíprocas con desaparición de la eficacia del contrato y retorno a la situación existente en el momento de su celebración, y por tanto, la demanda no puede ser íntegramente estimada ya que la condición de arrendataria de la recurrente imposibilita que pueda ser condenada, en el presente procedimiento, a dejar libre y a disposición de la demandante los inmuebles litigiosos.

En definitiva, lo planteado por la recurrente es el alcance de los efectos de la resolución contemplada en el artículo 1.504 del Código Civil, cuestión íntimamente vinculada con el anterior motivo, por lo que se debe partir de lo que en él ya se ha considerado, y añadir que la resolución del contrato se agota en la restitución de las prestaciones, pero sin que proceda rehabilitar situaciones jurídicas convencionalmente extinguidas, a consecuencia del contrato de compraventa (perfeccionado), puesto que en un mismo contrato pueden contenerse distintas cláusulas y pactos, fruto del libre acuerdo de los intervinientes, a los que no se extienden los efectos de la resolución, como sucede en este caso, en que junto a la compraventa, declarada resuelta, concurrió la voluntad de extinguir el arrendamiento, que no puede "renacer" como literalmente pide la sociedad demandada, aquí recurrente.

El motivo, por ello, también debe rechazarse.

CUARTO.- El tercer, y último motivo, también a través del cauce del ordinal número 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunció la infracción por indebida aplicación de los arts. 1152, 1154 y 1103 del C.Civil.

Entiende la recurrente que, dado que la Sala de Apelación parte, en su juicio valorativo de la cláusula penal, de la inexistencia de contrato de arrendamiento, se abre la posibilidad de que esta Sala pueda moderar y revisar dicha cláusula, entendiendo que la cantidad correcta, por el tiempo transcurrido entre el contrato de compraventa y el requerimiento resolutorio, ascendería a 3.100.000 Ptas., cantidad resultante de multiplicar la renta mensual -50.000 Ptas.-, por el citado periodo temporal, criterio que perfectamente pudo ser seguido por la Audiencia Provincial, aún en el caso de entender que no existe arrendamiento vigente.

El motivo debe ser, del mismo modo que los anteriores, desestimado, en primer lugar, porque habiéndose declarado extinguido el contrato de arrendamiento, parte de sus argumentos carecen de fundamento; y en segundo lugar, porque, no cabe moderación cuando el incumplimiento parcial era el previsto expresamente en la cláusula penal, como sucede en el presente caso en que libremente se pactó por los contratantes, en su cláusula cuarta, la pérdida, en concepto de indemnización y cláusula penal y como resarcimiento de los daños y perjuicios producidos, de la totalidad de las cantidades entregadas a cuenta del precio, hasta un importe máximo del cincuenta por ciento del precio total de la compraventa, importe, que como razona la Audiencia Provincial, no se cubrió con los seis millones pagados; siendo, por otro lado, la moderación, una facultad de los juzgados de instancia (la Sentencia de 5 de diciembre de 2.003, con cita de las sentencias de 14 de diciembre de 1998 y 9 de octubre de 2000)."

STS-1ª-1 1175/2007 de 8 nov (Rec. 4505/2000) (ECLI:ES:TS:2007:7235) - Reserva de dominio sin traditio y tercería de dominio  

"Se sostiene por la parte recurrente, con cita de la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre interpretación de los contratos, que la Audiencia ha infringido dichas normas puesto que si bien entiende que existió una reserva de dominio a favor de la entidad vendedora según la estipulación quinta del contrato celebrado en fecha 17 de enero de 1995 («la propiedad del inmueble objeto de este contrato no se entenderá transmitida hasta tanto no esté ultimado el pago del precio»), no ha tenido en cuenta que en el documento posterior de fecha 20 de septiembre de 1995 las mismas partes acordaron sustituir la forma de pago mediante la entrega de cuatro efectos otorgando Gescoce XXI S.L. "la más eficaz carta de pago". Pero al razonar así se ignora, en primer lugar, que el artículo 1.170 CC establece que la entrega de tales efectos -en este caso, letras de cambio- sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubieren perjudicado, lo que lleva a considerar que la "carta de pago" otorgada por la parte vendedora equivalía en realidad a un recibo por la entrega de los efectos, lo que queda corroborado por el hecho posterior de que los propios contratantes en fecha 15 de diciembre siguiente suscriben un nuevo documento por el que acuerdan la mera entrega provisional de las naves por parte de la vendedora a la compradora para que pudiera proceder a su acondicionamiento cuidándose de precisar que «esta transmisión se entenderá como definitiva a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de los mencionados inmuebles», a lo que incluso cabe añadir, como nuevo dato expresivo de que la totalidad del precio no había sido satisfecha, que al procederse al otorgamiento de la escritura pública de compraventa en fecha 25 de septiembre de 1996 se hizo constar en la misma que el comprador había pagado previamente la cantidad de dieciséis millones de pesetas y que el pago de los restantes catorce millones de pesetas quedaba aplazado «hasta la cancelación del embargo que grava las fincas descritas por la entidad vendedora y que está reseñado en el apartado cargas de esta escritura». De lo anterior se desprende que ninguna infracción de los artículos que se citan ni de la jurisprudencia referida a ellos se ha producido en el presente caso.

CUARTO.- El segundo motivo, con igual amparo procesal que el anterior, invoca la infracción del artículo 1.113, párrafos primero y segundo, del Código Civil , en relación con el artículo 1.176 del mismo Código, el primero por inaplicación y el segundo por aplicación errónea.

El motivo no puede prosperar por varias razones. En primer lugar, no pueden confundirse los avatares sucedidos en el cumplimiento del contrato de compraventa de fecha 17 de enero de 1995, que afectan a las relaciones puramente obligacionales entre los contratantes Gescoce XXI S.L. y la tercerista H. Taboada S.A., sin afectar al demandado ejecutante don Jose Carlos, con lo que constituye propiamente el núcleo de la acción de tercería que se refiere al hecho de si en la fecha del embargo el dominio sobre la cosa había sido transmitido ya al comprador. Y en segundo lugar, no puede sostenerse que ha existido infracción alguna del artículo 1.113 CC, referido a las obligaciones puras y condicionales, porque la Audiencia acertadamente no considera que el contrato estuviera sujeto a condición alguna suspensiva o resolutoria, sino que simplemente afirma que existió una reserva de dominio a favor de la vendedora hasta el total pago del precio que, incluso, resultaba innecesaria en tanto que la entrega del objeto del contrato al comprador no se había producido y en consecuencia el dominio seguía perteneciendo al vendedor por razón de lo dispuesto en el artículo 1.095 CC, sin que pueda estimarse igualmente infringido el artículo 1.176 del mismo código por una simple referencia que hace la sentencia a dicha norma, relativa al pago por consignación, para reforzar su argumento de que el pago del precio no se había producido por parte del comprador, pues como esta Sala tiene declarado con reiteración y más recientemente en sentencia de 23 de marzo de 2006 «el recurso de casación sólo se da contra el fallo, y los argumentos de la resolución recurrida que constituyan "ratio decidendi", no pudiendo fundarse en la impugnación de argumentos "dialécticos", "obiter", "de refuerzo", o "a mayor abundamiento".

Igual suerte desestimatoria ha de merecer el motivo tercero que, amparado también en el nº 4º del artículo 1.692 de la anterior LEC, aparece defectuosamente formulado ya que cita como infringidos un amplio número de artículos del Código Civil, como son los 1.254, 1.258, 1.261, 1.262, 1.271, 1,274, 1.278, 1.445 y 1.450, para posteriormente referirse en su escueto desarrollo sólo al artículo 1.450 a efectos de sostener que la compraventa se había perfeccionado entre las partes desde el momento de su celebración y que, desde entonces, había de desplegar todos sus efectos obligacionales, lo cual es tan cierto como que en nuestro sistema de transmisión del dominio no basta la perfección del contrato que haya de derivar hacia dicha transmisión para que se produzca la adquisición del derecho real, pues para ello es necesario, además del título, el "modo" que en este caso se concreta en la "traditio" o entrega de la cosa vendida de modo que, hasta que ésta no se produce, el comprador no adquiere derecho real sobre la cosa."