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Residencia

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RESIDENCIA

Procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro (UE Dir 98/2011)

Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (UE Dir 38/2004)

Derecho de residencia (UE Dir 364/1990)

Derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional (UE Dir 365/1990)

Libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (UE Reg 1612/1968)

Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (UE Reg 862/2007, que deroga el UE Reg 311/1976) - Aplicación de ese Reglamento por lo que se refiere a las definiciones de las categorías de los motivos para la emisión de permisos de residencia (UE Reg 216/2010)

Ver Fronteras - Actualización listado permisos residencia

STC 95/2000 de 10 abr - Estima el recurso de amparo promovido contra STSJ Madrid que denegó a la compañera de hecho el beneficio de la asistencia sanitaria de la SegSoc al no ser residente legal en nuestro país por no estar en posesión de la tarjeta de autorización. Derecho a la asistencia sanitaria por la Seguridad Social de una extranjera que convive maritalmente con el titular, la cual carece de permiso de residencia, pero se encuentra pendiente de un contencioso administrativo donde se ha dictado una medida cautelar de suspensión.

STC 115/1987 de 7 jul - Declara la inconstitucionalidad de los art. 7, 8.2 y 34 de la LO 7/1985, y la constitucionalidad del art. 26.2 párrafo 2º, que ha de ser interpretado de conformidad con su Fundamento Jurídico Primero.

STS 21 ene 2003 (Rec. 152/2002) - Derecho del actor a percibir la prestación familiar por hijos a cargo si él, y no necesariamente los hijos, reside legalmente en territorio español.El requisito de residencia hace referencia al beneficiario a cuyo cargo están los hijos y no a la convivencia con éstos en el territorio español. Se trata de que los familiares sean sostenidos económicamente por el beneficiario, aun cuando no vivan bajo el mismo techo que éste, situación frecuente en el caso de los trabajadores migrantes, lo que supone una carga adicional a su condición de tales. Y no es pensable, añade el Tribunal, que el legislador haya olvidado consignar el requisito de la convivencia, sino que su intención ha sido prescindir de una condición cuya exigencia constituiría un mero obstáculo formal a la concesión de la prestación litigiosa, pues la finalidad de ésta no es en ningún caso fomentar la convivencia, muchas veces imposible de hecho, sino proveer a la subsistencia de personas con nulos o escasísimos recursos económicos

STS 4 oct 1996 (Rec. 5686/1994) - . Suspensión de la denegación de permiso de residencia, al haberse acreditado que éste tenía en España arraigo familiar, además de existir apariencia de buen derecho, por lo que la medida cautelar adoptada tendió a evitar perjuicios derivados de la ruptura de la convivencia familiar, y hacer efectivo el principio de tutela judicial efectiva en la medida en que debe evitarse que el proceso constituya un daño en sí mismo para quien tiene razón, daño que se derivaría de la salida del recurrente del territorio nacional, pues la falta de visado conllevaría, salvo que se decretase la excepción de su obtención, la obligación de abandonar España en el plazo de 15 días de conformidad con los arts. 23 y 86 RD 1119/86.

STSJ Vasco 276/006 de 12 abr (Rec. 181/2005) - Concede Autorización de residencia permanente denegada en primera instancia por antecedentes policiales.

STSJ Vasco 215/2006 de 24 mar (Rec.417/2004) - Abundante doctrina. Cónyuge separado de residente comunitario. Concede Autorización de residencia permanente denegada en primera instancia por falta de cumplimiento del requisito de haber residido legalmente de forma continuada en territorio español durante 5 años. - "Mediante certificación emitida por... se acredita que D. Agustín ha sido titular de permiso inicial de residencia desde el 15 de julio de 1997 hasta el 14 de julio de 1998; y que ha sido titular de tarjeta de residencia de familiar de residente comunitario desde el 16 de junio de 1998 hasta el 16 de julio de 2002. La parte apelante sostiene que la certificación emitida se sustenta en un error de derecho, al fijar la finalización del tiempo de vigencia de la tarjeta de residencia de familiar de residente comunitario en la fecha de dictado de la sentencia de separación que afecta a la relación matrimonial del interesado con su cónyuge de nacionalidad española. Siendo así que el referido criterio de cómputo contraviene la jurisprudencia del TJCE, reflejada en la sentencia de la Sala Tercera del TS de 10 de junio de 2004, en la que se establece, respecto de los residentes comunitarios y sus cónyuges, que las parejas que estén separadas pero aún no divorciadas siguen manteniendo sus derechos como miembros de la familia de un trabajador migrante. En efecto, la sentencia citada, dictada por la Sección Sexta de la Sala Tercera del TS, recaída en el recurso contencioso-administrativo 60/2003, declara la nulidad de inciso "y siempre que mantengan un vínculo de convivencia estable y permanente con éstos" del párrafo primero del art. 2 del RD 178/2003, de 14 de Febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. La sentencia efectúa el control de validez de la norma de conformidad con la jurisprudencia emitida por el TJCE en la interpretación del articulo 8 del Tratado de la Unión Europea, de los arts. 10 a 12 del Reglamento 1612/1968 y del artículo 2 de la Directiva del Consejo nº 180/1990, todos ellos en relación con la exigencia de respeto de la vida familiar garantizada en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derecho Humanos . La resolución judicial cita las sentencias del TJCE de 17 de septiembre de 2.002 y de de 23 de septiembre de 2.003. Y concluye la argumentación mediante la cita textual de la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 11 de diciembre de 2.002, en la que, haciéndose eco de la jurisprudencia del TJCE, se afirma que "las parejas casadas que estén separadas pero aun no divorciadas, siguen manteniendo sus derechos como miembros de la familia de un trabajador emigrante", y ello partiendo de que, según expresa dicha Comunicación, "la libre circulación de personas es una de las libertades fundamentales garantizadas por el derecho comunitario e incluye el derecho a vivir y trabajar en otro Estado miembro. En un principio esta libertad estaba destinada fundamentalmente a las personas económicamente activas y a sus familias. En la actualidad, el derecho de libre circulación en la comunidad también afecta a otras categorías, como los estudiantes, los pensionistas, y los ciudadanos de la Unión Europea en general. Quizás sea, en palabras de la Comisión, el derecho más importante conferido a los individuos en virtud del derecho comunitario y un elemento esencial de la ciudadanía europea". A partir de la precedente invocación jurisprudencia, este tribunal necesariamente debe compartir el criterio interpretativo sobre la extensión de la vigencia de la tarjeta de residencia de familiar de residente comunitario sostenido por la parte apelante. Debiendo subrayarse que la premisa jurídica de que las parejas matrimoniales, afectadas por una sentencia de separación mantienen su condición de cónyuges en tanto subsista el vínculo matrimonial de derecho es la que se adecua a la prescripción del artículo 83 del Código Civil , en la redacción entonces vigente, cuando dispone que la sentencia de separación tiene como efecto jurídico "la suspensión de la vida en común de los casados". Por lo que, atendiendo al presupuesto de una relación conyugal subsistente a la sentencia de separación que produce la suspensión de la vida en común, resulta de plena aplicación la jurisprudencia comunitaria por la que se interpreta que los nacionales de países terceros, cónyuges de nacionales de los Estados miembros, gozan de derecho de residencia por efecto directo del derecho comunitario europeo, con independencia del hecho de que la autoridad competente de un Estado miembro expida un permiso de residencia ; toda vez que dicha autorización administrativa no debe considerarse un acto constitutivo de derechos, sino un acto de reconocimiento por parte de un Estado miembro de la situación individual de un nacional de otro estado miembro en relación con las disposiciones del Derecho comunitario ( sTJCE 1991/125, de 5 de febrero de 1991, Roux, C-363/89, Rec, apartado 12; sTJCE 2002\\ 233, de 25 de julio de 2002, MRAX, Cuestión prejudicial, C-459/1999, apartado 74 ). Sin embargo, en el caso de autos la anterior denotación resulta redundante, ya que de la prueba documental aportada se llega a la conclusión de que, a la fecha de 12 de marzo de 2003, en la que el ahora apelante solicita la autorización de residencia había cubierto un periodo de cinco años de residencia autorizada legalmente en territorio español, de manera continuada. Lo que determina la revisión de la apreciación fáctica consignada en la sentencia de instancia. TERCERO.- Se aprecia infracción por la sentencia apelada del artículo 32.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero . De conformidad con el resultado de la prueba documental pública al que se ha hecho mérito, al momento en el que se formula la solicitud de autorización de residencia permanente, Sr. Agustín era titular del derecho a su obtención conferido por el artículo 32.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Toda vez que había gozado, de manera ininterrumpida, durante cinco años de autorización de residencia conferida legalmente por la autoridad gubernativa. Por lo que procede la estimación del tercero de los motivos de impugnación deducidos. Y, con ello, debe revocarse la sentencia de instancia y dictarse una nueva por la que se declare la anulabilidad de la resolución administrativa recurrida y se reconozca el derecho del 32.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero . La anterior apreciación hace inútil el examen del último de los motivos de impugnación por los que se denuncia que la sentencia de instancia incurre en incongruencia omisiva al no resolver el motivo de impugnación que dicha parte fundó en la infracción por la actuación administrativa recurrida del artículo 38.4 de la Ley 30/1992; infracción que, a su juicio, se produjo al no haberse registrado la inicial solicitud deducida por el interesado ante la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Sin perjuicio de lo cual, cabe reiterar que el contenido propio de las garantías conexas de motivación y de congruencia de las resoluciones judiciales en la jurisdicción contencioso- administrativa es el que se establece mediante una interpretación sistemática del artículo 33.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en relación con el art. 209 LEC, que, además, sea conforme con la interpretación constitucional de los artículos 24.1 y 120.3 CE (SSTS, Sala Tercera, de 10 de febrero de 1995, 20 y 24 de junio de 1997, 14 de julio de 1997 y 26 de abril de 1999). Y que, en cuanto a la garantía de congruencia en las resoluciones jurisdiccionales se ha interpretado por la jurisprudencia constitucional (SSTC 20/1982, 14/19884, 5/1986, 77/1986, 142/1987, 75/1988, 5/1990, 175/1990, 39/1991, 144/1991, 183/1991, 59/1992, 88/1992, 109/1992, 145/1992, 200/1992, 46/1993, 161/1993, 91/1995, entre otras) que el principio de congruencia está ligado a la garantía del ejercicio del derecho a la defensa en el proceso y que "¿ tiene como contenido propio, el que entre las peticiones de las partes y el fallo de las sentencias exista el debido ajuste o adecuación y además, que las sentencias sean claras y precisas¿". Y, así mismo, que "¿el vicio de incongruencia entendido como desajuste entre el fallo y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, constitutivo de una efectiva denegación del derecho a la tutela efectiva, siempre cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una completa modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal". De donde se concluye en la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, en concreto, la garantía de congruencia no requiere una correlación literal entre el desarrollo dialéctico de los escritos de las partes y la redacción de las sentencias (SSTS 8 junio de 1990, 11 de abril de 1991, 3 de julio de 1991 y 27 de septiembre de 1991, 8 de julio de 1997, entre otras); lo que no obsta para que la sentencia deba exteriorizar el fundamento que justifica el fallo (SSTS, Sala Especial del art. 61 LOPJ de 10 de mayo y 5 de octubre de 1989 y 23 de marzo de 1990). Y, en igual dirección, el principio de congruencia no se vulnera por el hecho de que los Tribunales basen sus fallos en fundamentos jurídicos distintos de los aducidos por las partes (SSTS 28 may 1990, 16 jun 1997 y 8 jul 1997)."

Residencia temporal por colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, por colaboración con la Inspección de Trabajo y SegSocial (Instr DGI/SGRJ/06/2006 de 4 jul)

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