Administrativo‎ > ‎Extranjería‎ > ‎

Arraigo


OTRAS PÁGINAS RELACIONADAS

EXTRANJERÍA (Principal)
DERECHO PENAL
SEGURIDAD INTERIOR
TRABAJO
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD Y SANIDAD

ARRAIGO

STS de 18 abr 2001 (Rec. 9446/1996) - Denegación de la exención del visado de residencia . La convivencia con un hermano que disfruta de permiso de residencia constituye una auténtica circunstancia excepcional determinante de la exención de visado, por tratarse de una situación de agrupación familiar, pero la convivencia familiar alegada no consta acreditada en el expediente administrativo ni ante el Tribunal.

STS de 1 feb 2001 (Rec. 8008/1996) - Denegación de la exención de visado para la tramitación de la autorización de los permisos de residencia y de trabajo. El nivel de arraigo exigible a un extranjero a efectos de obtención - previa exención de la necesidad de visado - de un permiso de residencia y de trabajo, no puede ser idéntico al que es propio de un nacional que desarrolla su actividad en su patria, ni tampoco al que cabe esperar de un extranjero que pretenda nacionalizarse español. No se puede exigir al recurrente que rompa con sus raíces originarias.

STSJ Madrid-Sec.1ª de 3 abr 2003 (Rec. 4203/2001) - Expulsión del territorio nacional por infracción administrativa grave. No se han vulnerado los derechos fundamentales de libertad de circulación y residencia, toda vez que estos derechos, al no ser imprescindibles para la garantía de la dignidad humana, no pertenecen a todas las personas como tales, sino que pueden ser modulados en función de la nacionalidad del individuo, como en este caso en que el actor carece de ningún tipo de documentación en España, y se declara conforme a derecho la sanción de expulsión del territorio nacional, al no haber probado el recurrente, como le correspondía, su arraigo en España, la convivencia aquí con mujer e hijos ni la existencia de solicitud de regularización de su situación, si bien se aprecia desproporcionada la prohibición de entrada por un periodo de 10 añ0.
os
, al no constar la participación del actor en actividades delictivas.

STSJ Madrid-Secc. 3ª de 3 abr 2003  (Rec. 1532/2002) - "TERCERO.- Pues bien, del expediente remitido consta que la interesada fue detenida el día 9 de Junio de 2002 en una calle de la Capital por un presunto delito de hurto, careciendo de todo tipo de documentación que le habilitara como residente legal en España. Manifiesta en Comisaria de Policía ante el órgano instructor del expediente, que lleva en España un año y cinco meses, no teniendo aquí familiares; dice haber solicitado un permiso de residencia y trabajo, y que ha estado trabajando en una residencia geriátrica y como relaciones públicas, aunque no tuvo contrato de trabajo; entro en nuestro territorio por vía aérea Moscú-Barcelona con pasaporte ruso. Como se recoge en el acto de propuesta de expulsión , consta que la interesada a través de su defensa letrada no presentó ante el acto de incoación del expediente medios de prueba algunos, limitándose a manifestar la concurrencia de un arraigo en España, al convivir con unos compatriotas, y estar intentar trabajando e integrarse en la sociedad española, cuando empero debió aportar en tal momento la acreditación documental de aquella solicitud que dice de permiso de trabajo y residencia, hecho no probado por esa parte a la que le incumbe su probanza, y desvirtuado por las averiguaciones policiales que consultaron averiguando que la interesada no disponía de documentos que habilitaran su presencia legal en Centro de Documentación Judicial 2 España. Sobre este hecho de cariz tan fundamental no se ha propuesto prueba alguna en esta Sede, y siquiera se referencia en el escrito de demanda, lo que viene en todo caso a manifestar su falta de consistencia, apoyando la actora su defensa en la citada cuestión del arraigo que impidiera su expulsión ; pero tampoco este extremo se ha probado en modo alguno: la interesada manifiesta no tener familiares en España ni lazo alguno de parentesco o de otro tipo que le hiciera merecedora de tal circunstancia. Además hay que tener en cuenta que el hecho imputado por la Administración es un hecho objetivo, carecer de documentación, no sometido a consideración subjetiva alguna, pues requerida la pertinente documentación, aquella no se aporta ni se designan los archivos donde pueda encontrarse, ni se da razón de las actuaciones encaminadas a su obtención por parte del extranjero indocumentado. CUARTO.- Reconocido por esta vía el hecho de la estancia ilegal, no acreditado el presunto arraigo en nuestro suelo, procede determinar ahora si la sanción impuesta de expulsión y la correspondiente e inherente prohibición de entrada en Territorio Schengen por término de cinco años, resultaba adecuada al caso particular presentado ante la autoridad policial: del expediente administrativo aparece que el extranjero no tiene antecedentes desfavorables, pero no presenta el /los documentos que acrediten su legalidad o intento de legalizarse en España desde la mentada fecha de su entrada aproximadamente desde un año y medio con anterioridad a la detención, habiéndose para la comprobación de estos hechos, realizado gestiones por la autoridad policial en sus archivos, motivo por el que dicha sanción de expulsión impuesta se nos aparece como ponderada, adecuada al caso observado, proporcionada al supuesto, ya que la causa de expulsión configurada en el artículo 53 de la LO 4/2000, reformada por LO 8/2000 , se ampara a la vez en el artículo 57 de mencionado Cuerpo Legal, formando parte la aplicación de esta sanción, del ejercicio de la "potestad sancionadora de la Administración, sin que ello suponga vulneración alguna del Ordenamiento jurídico o arbitrariedad en el ejercicio de la citada potestad: simplemente nos encontramos ante la modulación de la sanción que surge del ejercicio de la citada potestad sancionadora conferida al Estado legalmente, y ejercitada en este supuesto por las autoridades policiales, caso en el que es de aplicación entonces la doctrina general de la proporcionalidad de la sanción atendidas las particulares circunstancias del caso concreto; así STC de 20 de Julio de 1999, número 136 establece que siendo al legislador al que le ocupa la labor de fijar la proporción entre las conductas que pretende evitar-sancionables- y las sanciones con las que intente disuadir de tales conductas infractoras, goza en esta materia de una amplitud en la imposición de la sanción que deriva de su posición constitucional, siendo que "...existen limites sociales y económicos a la capacidad de absorción de extranjeros en la Unión Europea y que, en consecuencia, la decisión de posibilitar la expulsión de quienes no estén legalmente habilitados para residir en los países de la misma- UE- constituye una opción legítima del legislador". En definitiva, la tesis del actor de la más correcta imposición de la sanción de multa, no sanaría la situación de ilegalidad de la extranjera en España. Y en cuanto"- a la imposición de la inherente prohibición de entrada en España por tiempo de cinco años, también aparece esta debidamente proporcionada al supuesto concreto, pues hay que tener en cuenta que aún siendo la causa que determina la sanción de expulsión , un supuesto objetivo, como es el de carecer de documentación, aquella extranjera es detectada en el momento de la presunta comisión de un ilícito penal (y carece de domicilio conocido en Madrid, siendo conocida habitual de la Policía por dedicarse al hurto al descuido, folio 16 del expediente remitido), con lo que sin perjuicio del contenido del fallo penal que en su momento pueda recaer, sin menoscabo de la presunción de inocencia que le asiste; pero en aplicación del principio de buena fe que todo extranjero debe ejercitar una vez presente en nuestro País, son todos los antecedentes y circunstancias personales del extranjeros los que vienen a modular esta medida gubernativa. De esta forma, la solución que ahora se adopta no interfiere en el resultado de las diligencias penales que se encuentren pendientes de resolución, mas que en la ejecución del Fallo judicial que se pueda adoptar y en la ejecución de la citada expulsión del territorio nacional que quede modulada por dicho fallo."

STSJ Madrid de 29 dic 2000 (Rec. 20062/1997) - El solo hecho de alegar que se lleva residiendo en España dos años -de manera irregular-, no puede integrarse en ninguno de los motivos reglamentariamente previstos, ni puede ser considerado como una circunstancia excepcional a los efectos que se pretende. La jurisprudencia, interpretando el concepto jurídico indeterminado de circunstancias excepcionales, viene considerando como tales el arraigo en territorio español, la reagrupación y la integración familiar y el disfrute de permiso de trabajo, y, por el contrario, no tiene como circunstancias excepcionales la simple oferta o contrato de trabajo, la mera condición de ciudadano de país iberoamericano, o la decidida voluntad o idoneidad para integrarse en nuestra sociedad. En parecidos términos la STSJ Madrid de 29 dic 2000 (Rec. 20197/1997)

SJCA Madrid-22 de 28 jul 2004 - La resolución impugnada deniega el citado permiso puesto que del análisis del expediente se desprende que el interesado no reúne el requisito exigido al no acredita suficientemente la situación de arraigo, en cuanto a la incorporación real o potencial al mercado de trabajo, y por tanto serle denegada por el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid de la autorización de trabajo solicitada....No obstante ello, el recurso debe ser estimado teniendo en cuenta que el recurrente se encuentra en España desde la fecha anteriormente citada y empadronado en la ciudad de Madrid, tiene un hijo en España y transfiere dinero a su país de origen y por lo tanto, acredita cumplir el requisito, de al menos su arraigo.

SJCA Madrid-28 de 10 sep 2007 - Reconoce autorización por arraigo a dos ciudadanos nigerianos a los que la Administración se la denegó porque los certificados de penales no se habían expedido conforme a la legislación nigeriana.

Comments